Los cínicos socialistas hablan hoy en día de un analfabetismo funcional para referirse a todo aquel Cristiano y no Cristiano que no sabe absolutamente nada de socialismos, como si en el conocer porquerías se basara la libertad.
Las críticas van hacia los dueños de los medios por supuestamente distorsionar los hechos a través de telenovelas, talkshows, sicariatos verbales, ¿¿¿???, incluso se critica por "futbolizar el idioma" para dizque aletargar al usuario, amedrentárlo y usurpanle su opinión, ¿¿¿???, bueno pues resulta que el futbol debe ser eliminado para estos genios e intelectuales del Marxismo ya que una persona que mucho sabe solo habla de socialismos y de nada mas, ¡que ridiculez!.
Pero eso va a cambiar compañeritos por que gracias a esta nueva ley vamos a pasar de la libertad que tenemos y gozamos para escoger entre documentales científicos o una chola semidesnuda bailando y enseñando los calzones a medios informativos totalitarios donde solo pasen noticias de socialismos e izquierdas como en Cuba, es decir... lo único que importa e interesa en pos de formar títeres y sombies comunistas, ¡vivaaaaa!
Cinthya Viteri: Proyecto de Ley de Comunicación es del Presidente
La asambleísta por la alianza PSC-MG considera que el proyecto de Ley de Comunicación, propuesta por Alianza PAIS, permitirá al Ejecutivo controlar los medios de comunicación.
En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), enfatizó en que el Consejo de Comunicación será un organismo en que todos los medios sean radio, televisión o prensa escrita tendrán que inscribirse inmediatamente luego de que se promulgue la Ley.
Aseguró que este registro solo servirá por un año y anualmente todos los medios tendrán que pedir el registro nuevamente.
Dependerá de ese organismo, que según la asambleísta Viteri tendrá mayoría gubernamental, si le otorgan o no el permiso para seguir funcionando, añadió.
Pero enfatizó que con esta Ley los periódicos estarán en manos del Gobierno porque necesitarán de un permiso para funcionar.
La libertad de expresión está en riesgo desde hace algún tiempo atrás, señala Andrés Mendoza
En Ecuador, libertad de expresión, de información y de opinión, está en riesgo desde que semanalmente o a veces más los periodistas y la prensa recibimos una serie de ataques por parte de del Primer Mandatario, señala Andrés Mendoza, ex presidente de AER Guayas; con esta ley (proyecto de ley de comunicación oficialista) lamentablemente se nos pretende poner una serie de controles extra, acota. (Canal Uno)
Gobierno de Correa es de "corte facistoide", dice Jaime Mantilla
El presidente de la Asociacón de Editores de Peródicos (AEDEP), Jaime Mantilla, ha manifestado hoy que el Gobierno de Rafael Correa es de "corte facistoide" que no permite voces disidentes. (Teleamazonas)
Según Mantilla, el proyecto de ley de comunicación del Gobierno no es el problema, porque ya existen las leyes para evitar excesos de la prensa. El Gobierno, en su visión, busca la eliminación de cualquier proyecto disidente en el país. (jtr)
Proyecto plantea Consejo de Información "superpoderoso"
La capacidad sancionadora y las múltiples funciones son las características del Consejo Nacional de Comunicación e Información (CNCI) propuesto en la Ley de Comunicación del oficialismo.
Según el proyecto, que fue presentado por el asambleísta Rolando Panchana (PAIS) el martes pasado, este organismo tendrá 16 atribuciones.
Entre ellas se destacan llevar el registro de los medios en funcionamiento, proponer las pautas para el establecimiento de los códigos de ética, evaluar los mensajes mediáticos, ser el organismo de última instancia en la resolución de casos de violaciones a la ley presentada por los usuarios contra los medios.
Esto lo convierte en un Consejo poderoso y en el único órgano rector de la política de comunicación en el país, pues será el regulador de los contenidos, protector de los derechos ciudadanos y sancionador de los medios que incumplan con la ley.
Rómel Jurado, asesor de Ciespal, cuestiona esta propuesta y advierte que esas atribuciones no son compatibles y que existe una excesiva concentración de funciones.
“Este Consejo no rinde cuentas a nadie (...). Para nosotros, la mejor manera de regular y ordenar la comunicación es la gente mediante una institucionalización adecuada en la cual desde el Estado se articule la política comunicacional”, dijo el jurista.
El proyecto oficialista también crea la Defensoría del Público, adscrita a la Defensoría del Pueblo, a quien se le otorga la obligación de canalizar las consultas, reclamos y denuncias de los ciudadanos.
No obstante, el CNCI también tiene influencia, pues enviará una terna de candidatos al Defensor del Pueblo para que de esos nombres elija al Defensor del Público.
La conformación del Consejo de Comunicación se basará en la representación de los estamentos públicos y en la intervención directa del Estado.
De sus siete integrantes uno será el representante del Primer Mandatario (que tendrá el voto dirimente), que además será el presidente del Consejo; un delegado de las facultades de comunicación y de los gremios periodísticos y de prensa, del Ministerio de Educación, de la Asamblea Nacional y tres representantes ciudadanos elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Panchana señala que esta integración no dará el control al Ejecutivo, porque solo tres representantes son del Estado y los otros cuatro son de la ciudadanía.
En el proyecto del Foro de Comunicación, en cambio, se da a un ministerio la labor de establecer los parámetros de las políticas comunicacionales y al Consejo Social de Comunicación el rol de ejecutor.
Si bien en las funciones existen coincidencias con la Ley Panchana, en la conformación sí hay diferencias.
Aquí participan representantes de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, municipios y del pueblo afroecuatoriano, además de los gremios y facultades de comunicación y de un delegado del Ejecutivo.
En la propuesta del asambleísta César Montúfar (Concertación Democrática) se crea el Foro Ciudadano de Defensa de los Derechos de Comunicación, cuya labor se enfocará en requerir a las autoridades judiciales y constitucionales en caso de incumplimiento a la ley por parte de los medios de prensa.
Jurado aseveró que este tipo de organismos propuestos en los tres proyectos no son suficientes, ni adecuados, en especial cuando establecen decisiones vinculantes, de cumplimiento obligatorio para los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas.
Jorge Ortiz sobre la libertad de expresión
Entradas
